Redacción ENL
La política migratoria de Estados Unidos atraviesa una de sus etapas de mayor transformación, y buena parte de ese cambio se está definiendo en los tribunales. Mientras la administración de Donald Trump impulsa restricciones al asilo, la ciudadanía por nacimiento, los permisos de trabajo, el TPS y las condiciones de detención, organizaciones de inmigrantes, estados y otros grupos han recurrido a los tribunales para frenar o limitar estas medidas.
Algunas de las disputas ya llegaron a la Corte Suprema, mientras otras podrían terminar ante los nueve magistrados. Sus decisiones pueden determinar hasta dónde llega el poder del Gobierno federal para modificar las reglas migratorias sin una nueva ley aprobada por el Congreso.
Ciudadanía por nacimiento: una batalla que continúa
Uno de los casos más importantes de 2026 fue Trump v. Barbara, relacionado con la orden ejecutiva que buscaba negar la ciudadanía automática a determinados niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres no fueran ciudadanos o residentes permanentes.
El 30 de junio, la Corte Suprema rechazó esa política y reafirmó una amplia protección de la ciudadanía por nacimiento bajo la Decimocuarta Enmienda.
Sin embargo, la disputa no terminó allí. En agosto, Trump emitió nuevas órdenes ejecutivas destinadas a limitar la ciudadanía en determinadas circunstancias, incluyendo casos relacionados con el llamado “turismo de nacimiento”, fraude migratorio y ciertos vínculos con gobiernos extranjeros u organizaciones consideradas terroristas. Grupos de derechos civiles ya acudieron nuevamente a los tribunales para intentar bloquearlas.
Esto podría abrir una nueva batalla legal sobre una pregunta fundamental: ¿puede el presidente establecer nuevas excepciones a la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva o corresponde al Congreso modificar la legislación?
El futuro del TPS también está en juego
El Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, es otra de las grandes áreas donde los tribunales están redefiniendo los límites de la política migratoria.
En junio, la Corte Suprema permitió a la administración Trump avanzar con la terminación del TPS para determinados grupos, reduciendo considerablemente la capacidad de los tribunales inferiores para revisar las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional.
El impacto ha sido considerable. En agosto, jueces federales permitieron que el Gobierno terminara las protecciones para ciudadanos de Sudán del Sur y Myanmar. Las decisiones afectan a miles de personas que hasta ahora contaban con protección contra la deportación y autorización para trabajar.
La situación podría tener consecuencias para otros países cuyos ciudadanos todavía mantienen litigios relacionados con el TPS, especialmente aquellos en los que los tribunales continúan evaluando si las terminaciones fueron realizadas correctamente.
Detención migratoria: ¿cuánto tiempo puede permanecer una persona detenida?
Otro frente importante está relacionado con la detención de inmigrantes. En julio, una corte federal de apelaciones determinó que el Gobierno no puede mantener a ciertos inmigrantes detenidos durante más de 90 días sin ofrecerles una audiencia de fianza. La decisión contradice la interpretación más amplia de las autoridades migratorias sobre su capacidad para mantener a personas bajo custodia mientras avanzan sus procedimientos de deportación.
El caso podría adquirir todavía mayor importancia si llega a la Corte Suprema, especialmente porque existe una disputa entre distintos tribunales federales sobre el alcance de las normas de detención migratoria.
La cuestión afecta directamente a miles de personas detenidas por ICE y podría establecer nuevos límites a la política de detención de la administración.
Un caso ante la Corte Suprema podría facilitar el acceso a abogados
La Corte Suprema también aceptó revisar un caso que, aunque puede parecer más técnico, podría tener consecuencias importantes para los inmigrantes detenidos.
En Montoya Palacios v. United States, los magistrados deberán determinar si una persona que fue detenida ilegalmente por las autoridades migratorias y consigue su liberación mediante una demanda de habeas corpus puede recuperar los honorarios de sus abogados bajo la Equal Access to Justice Act.
El caso surgió después de que Kevin Montoya Palacios, un inmigrante salvadoreño, fuera detenido pese a haber recibido protección bajo la Convención contra la Tortura. Tras conseguir su liberación, intentó recuperar cerca de $9,000 en gastos legales.
La importancia de la decisión va más allá de su caso particular. Si la Corte Suprema permite recuperar esos honorarios, podría resultar más viable para abogados aceptar casos de inmigrantes que fueron detenidos ilegalmente, muchos de los cuales tienen pocos recursos para financiar una batalla judicial.
Permisos de trabajo: otra disputa con consecuencias económicas
Los permisos de trabajo también están siendo objeto de importantes litigios. En julio, un juez federal de Boston bloqueó temporalmente medidas de la administración Trump que podían dejar sin autorización laboral a decenas de miles de solicitantes de asilo y beneficiarios del TPS. El juez concluyó que USCIS había aplicado determinadas restricciones de manera retroactiva sin cumplir adecuadamente con los requisitos de procedimiento establecidos por la ley administrativa.
La disputa es especialmente relevante porque perder un permiso de trabajo no solo afecta el estatus migratorio de una persona: puede significar perder un empleo, una fuente de ingresos y, en muchos casos, la capacidad de mantener a una familia.
Si la controversia continúa avanzando por los tribunales, podría establecer límites sobre la manera en que USCIS puede modificar las reglas de autorización de empleo.
Mahmoud Khalil y los límites de la deportación por razones políticas
Otro caso que podría tener repercusiones importantes es el de Mahmoud Khalil, activista y residente permanente legal que fue detenido por las autoridades migratorias en 2025.
Su caso plantea preguntas sobre hasta dónde puede llegar el Gobierno al utilizar las leyes migratorias contra personas involucradas en determinadas actividades políticas y sobre el nivel de protección que tienen los residentes permanentes frente a una posible deportación.
La Corte Suprema extendió recientemente el plazo para que Khalil presente su petición para que el caso sea revisado.
Si los magistrados aceptaran el caso, podrían pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con la autoridad del Gobierno para detener y deportar a residentes permanentes y sobre el papel de los tribunales federales en la revisión de esas decisiones.
Una política migratoria cada vez más definida por los tribunales
Los casos muestran una realidad que va más allá de las disputas individuales. La administración Trump ha impulsado cambios migratorios mediante órdenes ejecutivas, decisiones administrativas y nuevas interpretaciones de leyes existentes. Al mismo tiempo, los tribunales se han convertido en el principal escenario para determinar qué medidas pueden mantenerse y cuáles exceden la autoridad presidencial.
La Corte Suprema ya ha dado importantes victorias a la administración en asuntos como el TPS y las restricciones al acceso al asilo, pero también ha establecido límites, como ocurrió con la ciudadanía por nacimiento.
Por eso, las próximas decisiones judiciales podrían tener efectos que se extiendan mucho más allá de los inmigrantes directamente involucrados en cada demanda.
En un momento en que el Gobierno ha endurecido la aplicación de las leyes migratorias —incluyendo la revocación de más de 175,000 visas anunciada recientemente por el Departamento de Estado—, el resultado de estas batallas legales podría determinar qué parte de la actual agenda migratoria de Trump se convierte en política permanente y qué medidas terminan siendo bloqueadas por los tribunales.
La gran pregunta, en definitiva, ya no es únicamente qué política migratoria quiere implementar el Gobierno, sino hasta dónde le permite llegar la Constitución, las leyes y el sistema judicial estadounidense.
