CHICAGO — El Concejo Municipal aprobó una ordenanza impulsada por la concejal Jessie Fuentes y respaldada por el alcalde Brandon Johnson, que otorga a la Oficina Civil de Rendición de Cuentas de la Policía (COPA) la facultad de investigar presuntas violaciones a la Ordenanza de Ciudad de Bienvenida por parte del Departamento de Policía de Chicago (CPD).
La medida busca fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, garantizando investigaciones independientes lideradas por civiles, y reafirma el compromiso de la ciudad con las comunidades inmigrantes, especialmente ante posibles aumentos en la aplicación de políticas migratorias federales.
“El concepto de Ciudad de Bienvenida es más que una ley; es un compromiso con todas las personas que consideran a Chicago su hogar”, afirmó el alcalde Johnson. “Cada persona, sin importar su estatus migratorio, merece sentirse segura, protegida y respaldada. Las políticas migratorias recientes han debilitado la confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden. Por eso, es fundamental que los residentes sepan que pueden acudir a la policía en caso de emergencia sin temor”.
Por su parte, la concejal Fuentes destacó que la transparencia y la rendición de cuentas deben comenzar desde el gobierno. “Esta medida proporciona las herramientas necesarias para investigar adecuadamente las denuncias relacionadas con la Ordenanza de Ciudad de Bienvenida”, señaló.
La ordenanza establece un procedimiento formal para que COPA investigue estas denuncias y crea un nuevo mecanismo de control que permitirá abordar los casos de manera más exhaustiva, justa y transparente.
A partir de ahora, todas las acusaciones de violaciones a esta política que involucren a agentes del CPD quedarán bajo la autoridad investigativa independiente de COPA.
La aprobación de la medida se produce en un contexto de creciente actividad de control migratorio federal, que ha puesto a prueba los sistemas de la ciudad y evidenciado vacíos en la capacidad de supervisión existente.
En respuesta, el alcalde Johnson ha impulsado acciones para reforzar la rendición de cuentas, incluyendo una orden ejecutiva que establece protocolos claros para que los agentes de policía actúen ante posibles irregularidades por parte de autoridades federales.
